En el cincuentenario del triunfo del Presidente Arturo Illía, la Organización de Trabajadores Radicales recuerda con profundo compromiso militante, a uno de los grandes hombres de la historia del radicalismo y la república toda.
Durante el acto hablaron primero Javier Varetto, luego Ricardo Acosta del Sindicato Luz y Furza y por último, Jorge Astone, Secretario General de la OTR.
Además se hizo un homenaje a la nieta del gobernador de Formosa del período 1963–1967, Albero Domingo Montoya, contemporáneo al gobierno de Illía.
Es imposible hablar de Illía, sin destacar sus cualidades personales, hombre de profundas convicciones democráticas y progresistas, caracterizado por la sencillez y la firmeza de propósitos, las que eran manifiesta en su accionar y posiciones.
Fue Don Arturo un presidente, que enfrentó a las corporaciones y a los factores de poder desde el mismo día en que asumió, anulando los contratos petrolíferos, y universalizando la distribución de medicamentos, al dar batalla a los laboratorios que condicionaban la salud pública del pueblo mediante las patentes de invención.
Su gobierno fue el que mas presupuesto a la educación asignó, durante el cual existió la mayor cantidad de egresados universitarios en la historia de la república, se caracterizó por la firmeza con la que se relacionó con las potencias hegemónicas, y frente a los organismos internacionales, y allí debemos mencionar la postura argentina sobre la cuestión Malvinas, la que terminaría siendo una política de Estado de los gobiernos democráticos posteriores.
La creación del Salario Mínimo Vital y Móvil, fue obra de su gobierno, noble herencia para el movimiento obrero, aunque hoy se encuentre desvirtuado, como así también la disminución de la deuda soberana, sobre todo la externa, echando inclusive a los representantes del FMI de la Casa Rosada.
Don Arturo fue una figura emblemática, por todo lo anteriormente enumerado, y por lo que hizo antes y después de llegar al gobierno, y es ineludible mencionar que fue un médico peregrino, asistiendo a los mas postergados o a quien lo necesitara, un amigo entrañable según quienes lo conocieron, jugandose la vida para ir a despedir un amigo muerto o tratar una parturienta en la cerrada noche cruzdelejeña, o donde se encontrara.
Illía fue un hombre al servicio de lo público, recordado por hacer operativos principios imprescriptibles del pueblo obrero, que hacía de la dignidad una finalidad y una herramienta constante que lo acompañó en toda su trayectoria.
De esta manera la OTR Nacional, rinde homenaje a uno de los mas grandes dirigentes de la Argentina.
Illía, 50 años.
Se cumplieron 50 años desde aquel 7 de julio de 1963, fecha en la que resultó electo democráticamente Presidente de la Nación el Dr. Arturo Umberto Illia. El primer médico rural que accediera a la primera magistratura de nuestro país. En épocas donde las conductas ejemplares que debieran de guiarnos axiológicamente parecen ausentes, la figura del Presidente Illia se erige como una de las manifestaciones históricas más nítidas de la moralidad administrativa, la defensa de la soberanía nacional, el compromiso democrático y la probidad en el cumplimiento de los deberes republicanos.
Símbolo vigente de la Democracia social, Illia vivió desde sus épocas de estudiante reformista, siendo medico ferroviario en Cruz del Eje, en las distintas representaciones parlamentarias que le toco ejercer, como cuando fue Presidente de la Republica de la misma manera en la que espero el ocaso de sus días: sumido en una profunda austeridad cívica, rechazando la sensualidad del poder, ya que nunca dejo de militar las virtudes humanistas que había profesado toda su vida.
Es de esta manera que entendemos el legado de la Presidencia de Arturo Illia. Si bien como señalara el historiador Félix Luna el triunfo de Radicalismo del Pueblo en 1963, bajo condiciones de proscripción “fue un pecado original que el peronismo nunca perdono” no es menos cierto como resalta el Profesor Alberto Abecasis que dicha situación “no era un componente atribuible a Illia”. El compromiso de Illia por lograr una Democracia incondicionada se manifestó la misma noche de los comicios, momento en el cual el Presidente electo anunciaba que aquella seria “la última elección con proscripciones”.
En cumplimento de esa consigna el 17 de octubre de 1963 –rememora Abecasis – se autorizó el primer acto público del peronismo en la Plaza de Once, derogando el decreto que prohibía las actividades de dicha agrupación política, poniendo fin de esta manera a años de arbitraria proscripción. El 7 de enero de 1965 la Justicia Electoral de la Capital Federal otorgó personería política al Partido Justicialista. Se respetó el principio republicano de división entre los poderes del Estado, asegurando la independencia del Poder Judicial como forma de garantizar la imparcialidad de la Justicia.
En las elecciones parlamentarias nacionales de 1965, el Movimiento Nacional Justicialista pudo asistir a la compulsa del 14 de marzo bajo el nombre “Unión Popular” resultando triunfante en dicha instancia, sin que ello diera lugar a la anulación de las elecciones o el desconocimiento de la voluntad popular expresada libremente en las urnas.
A pesar de estos avances, la acción política del Justicialismo se endureció progresivamente, sumándose a ello el inclemente plan de lucha lanzado por la Confederación General del Trabajo encabeza por Augusto Vandor, lo que sin lugar a dudas, en nada contribuía a estabilizar la transición democrática. Esto no hizo mella en la vocación democrática del Presidente Illia, que gobernó sin apelación al Estado de Sitio, ni persecución a opositores, ni presos políticos. Ejemplo de ello fue la legalidad con la que se enfrentó la aventura del Ejército Guerrillero del Pueblo comandado por Jorge Masseti, quienes enclavados en Salta buscaron diseminar las tesis foquistas. El Gobierno desarticulo dicha acción aplicado rigurosamente la Ley.
Pero no estaban allí los enemigos de aquel Gobierno.
La instrumentación del Seguro Nacional de Salud que universalizaba la cobertura sanitaria a toda la población, concibiendo a la salud como un bien social — como lo definiera el Ministro Oñativia — afectaba directamente los intereses de obras sociales y empresarios de la salud que verían reducidos sus amplios márgenes de rentabilidad. Esto se complementó con la sanción de la Ley Nacional de Medicamentos basada en una filosofía humanista de profunda sensibilidad social, que vino a poner coto a las pingues ganancias obtenidas por laboratorios y oligopolios farmacéuticos que concentraban la lucrativo industria de las patentes medicinales.
Desmotar ese fenomenal negocio implico ir en contra de la mercantilización de la salud pública, lo trajo que aparejado como consecuencia los apremios de la industria farmacológica contra el Gobierno nacional, con acciones que iban desde el desabastecimiento hasta la presión ejercida desde organismos multilaterales de crédito.
Sectores de la prensa gráfica, encabezados por Jacobo Timerman, Bernardo Neustadt, Mariano Grondona, Ramiro de Casasbellas, Tomás Eloy Martínez, Horacio Vertbisky y Mariano Montemayor entre otros notables periodistas, se constituyeron en la vocería de los sectores reaccionarios que impulsaron la destitución del Presidente Illia, en defensa de inconfesables intereses. No fue extraño a ese ambiente cargado de conjuras las editoriales del periódico fundado por Roberto Noble, quien mantenía una indisimulable simpatía por la figura del Presidente Frondizi y respaldaba las medidas de Gobierno adoptadas entre 1958 a 1962, las que Arturo Illia vendría a subvertir inspirado en las mejores tradiciones del ideario de reparación que predicaba Hipólito Yrigoyen. Sin embargo no existió restricción alguna a la libertad de expresión, ni tentativa de revancha contra aquellos que ridiculizaban, sin inocencia, la investidura presidencial. Ni mucho menos periodistas asalariados o propaganda oficial que intentara contrarrestar las embestidas de los factores de presión y los grupos de poder.
Estos fundamentos serian incompletos si no hiciéramos referencia a una de las acciones de Gobierno más valientes encaradas por el Dr. Illia en defensa de la soberanía nacional, en cumplimiento del compromiso expresado durante la campaña electoral de 1963. Nos referimos a la anulación de los contratos petroleros, reafirmando en ese acto la postura histórica de la Unión Cívica Radical en materia de hidrocarburos y recursos naturales llevada adelante por el General Mosconi y el Presidente Alvear.
Aquellas convenciones leoninas suscriptas bajo el Gobierno de Frondizi, implicaban renunciar a recursos estratégicos para el desarrollo del país, vulnerando derechos de las Provincias donde se ubicaban los yacimientos e inobservando lo establecido en la normativa legal, otorgando a los concesionarios la propiedad de la riqueza del subsuelo de la Patria. El Presidente Illia se mantuvo inconmovible en la decisión soberana de lograr que YPF volviera a ser “la entidad rectora del desarrollo energético” en nuestro país, como él mismo afirmara en su discurso de asunción del 12octubre de 1963. Los decretos N° 744 y N° 745 declararon “nulas de la nulidad absoluta” las concesiones petroleras a compañías trasnacionales efectuadas por Frondizi, por «vicios de ilegitimidad” y por “ser dañosos a los derechos e intereses de la Nación», medida que alcanzaba a los contratos relativos a la explotación y la perforación de pozos petroleros.
Militando sin desviaciones en la línea yrigoyenista, la anulación de los contratos petroleros decretada por el Presidente Illia – como afirmara el ex Subsecretario de Energía de la Nación Gustavo Callejas – No implicó perder el autoabastecimiento, ni ocasionó una baja en la producción de hidrocarburos, como suelen exponer falazmente escribas de los factores de poder contrariados por aquella decisión soberana. Tampoco – reflexiona el autor citado – esto obligó al pago de indemnizaciones en acuerdos extrajudiciales. Aquella decisión, por el contrario, permitió reorganizar YPF, lo que trajo entre otras consecuencias ventajosas para el país el descubrimiento años más tarde en Neuquén del yacimiento gasífero Loma de La Lata, en un área que estaba en poder de la petrolera ESSO.
La defensa irrestricta de la soberanía también tendría sus manifestaciones en la política exterior. En su mensaje de apertura del 150° periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Nación, la Presidente Cristina Fernández de Kirchner en un gesto de honestidad enaltecedor, reconoció el valor de la Resolución 2065 adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas. Aprobada con 94votos favorables, 14 abstenciones, sin registrase posiciones contrarias, la resolución de marras expresa en sus considerandos que está inspirada en “el anhelado propósito de poner fin al colonialismo en todas partes y en todas sus formas” admitiendo “la existencia de una disputa entre los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca de la soberanía sobre dichas Islas” ante lo cual “invita a los Gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales a fin de encontrar una solución pacífica al problema teniendo debidamente en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, así como los intereses de la población de las Islas Malvinas (Falkland Islands)”.
De esta manera el cuerpo diplomático argentino encabezado por el Canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz, lograba que Naciones Unidas reconocieran la existencia de una disputa de soberanía e instara a la negociación bilateral entre las partes a los fines de procurar la solución pacífica al problema, teniendo en cuenta los intereses de los isleños, lo que no implicaba ponderar sus deseos ya que ello hubiese significado extender a dicha situación el principio de libre determinación, situación que no configura éste supuesto ya que no se trata de un reclamo de independencia de los isleños respecto al Reino Unido, sino una disputa bilateral de dos naciones soberanas sobre un territorio insular.
Pero si bien éste constituye un gran logro diplomático en mérito de la defensa de la soberanía nacional, no es menor destacar otros puntos sobresalientes del Gobierno del Dr. Illia en materia de política exterior, como negativa de enviar tropas a la Republica Dominicana para participar junto a los marines estadounidenses del derrocamiento del Presidente Juan Bosch. Prevaleció, ante las intimidaciones externas y las presiones internas, la tradición histórica de Radicalismo de solidaridad latinoamericana, el principio de no intervención y el mandato yrigoyenista que reza que “los hombres son sagrados para los hombres, como los pueblos sagrados para los pueblos”. 46 años después de que Hipólito Yrigoyen ordenara izar el pabellón dominicano en Santo Domingo ante la invasión norteamericana a la isla, aquel joven médico oriundo de la ciudad de Pergamino al cual Yrigoyen designara medico ferroviario en Cruz del Eje, desde la primera magistratura emularía con firmeza la posición doctrinaria del primer Presidente democrático surgido de la Unión Cívica Radical.
Su paso por Europa durante de la década del 30´ le permitió vivir de cerca el ascenso de los totalitarismos, razón por la cual siempre desprecio el culto a la personalidad. Tal vez aquellas vivencias hayan influido en su capacidad para diferenciar claramente la defensa de los intereses nacionales del nacionalismo y la vocación popular del populismo.
Así es que a la par de la defensa de los intereses nacionales, el Gobierno de Illia se fundaba en una profunda vocación popular patentizada en medidas propias de lo que años más tarde se denominaría “Estado de Bienestar”. La dignidad salarial de los trabajadores fue una preocupación constante de Illia, lo que motivo la sanción de la Ley 16. 459 del año 1964, por la cual se establecía el salario mínimo, vital y móvil, creando el Consejo del Salario integrado por representantes del Estado, los sindicatos y las cámaras empresariales, cuya función esencial era la de determinar periódicamente el salario vital mínimo. A no dudarlo aquella fue una ley hija del espíritu del Artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Consecuencia directa de esto fue el crecimiento del salario real entre 1963 y 1966 en una casi un10%, elevando la participación de los trabajadores en la distribución del ingreso al 43%. Esto se complementaba con la sanción de la Ley de Abastecimiento que protegía el consumo de los sectores populares, mediante el control de precios de los insumos que componían la canasta familiar, como reaseguro del poder adquisitivo del salario.
La Confederación General del Trabajo, a pesar de estos indicadores y de que la desocupación cayó de8,8 % en 1963 a un 5,2 % en 1966, lo cual la ubicaba casi en el umbral del pleno empleo, no daba tregua y embestía incesantemente contra el Gobierno de Illia. Imperturbable, el Presidente garantizó sin limitaciones el derecho de huelga y los derechos colectivos de las organizaciones sindicales y los representantes gremiales.
La política económica, como no podía ser de otra manera, estaban en consonancia con la defensa de los intereses nacionales y populares. El equipo económico que acompañaba al Presidente integrado por Eugenio Blanco, Juan Carlos Pugliese, Alfredo Concepción, Enrique García Vázquez, Roque Carranza, Félix Elizalde, entre otros hombres de notable formación, tenía la particularidad de no provenir de ningún “think tank” financiado por grupos económicos que como contraprestación exigían el amparo de intereses particulares o sectoriales. De todos ellos se puede predicar que compartían una savia común que entendía que la economía debe estar subordinada a la política y está a programas que se estructuren sobre la base de claras posiciones ideológicas y férreos principios morales.
Los organismos multilaterales de crédito, surgidos de los acuerdo de Bretton Woods recibieron al nuevo gobierno con una agenda que incluía una particular interpretación de las garantías de seguridad jurídica para el capital extranjero, políticas impositivas diferenciales como requisito para atraer inversiones, congelamiento de salarios, enajenación de activos públicos, restricción de la intervención estatal en la economía, apertura de las fronteras económicas, desregulación de barreras arancelarias, ajuste de las cuentas públicas, restricción de la estructura estatal y control del déficit público, entre otras ya clásicas medidas de la ortodoxia económica.
El Gobierno de Arturo Illia desecho la aplicación de medidas de este talente que hubieran golpeado fuertemente a los sectores populares. Por lo que tomo la decisión de cancelar vencimientos sin comprometer reservas, evitando la opción de tomar nuevos créditos de aquellos mismos organismos. La deuda externa global del país entonces opero una notable disminución lo que significó la recuperación de la autonomía, evitando injerencias externas sobre nuestra política económica. Esto no entraño enclaustrar nuestra economía, si no que por el contrario, siguiendo lo establecido en plataforma difundida durante la campaña electoral, se diversificaron las relaciones comerciales en el plano internacional, siendo ejemplo de ello la apertura de relaciones comerciales con la República Popular China.
Solo por citar algunos indicadores podemos mencionar la evolución del Producto Industrial del 4, 1% en 1963 al 18, 9% en 1964 y al 13, 8% en 1965. El PBI opero un crecimiento el 2,4% en 1963, 10, 3% en 1964 y 9,1% en 1965. Las reservas en oro y divisas al asumir Illia el Gobierno se encontraba en el orden de los 6.384 millones de pesos, en tanto que al momento de producirse el asalto al Gobierno por parte de Juan Carlos Onganía el país contaba con 38.037 millones pesos de reservas en oro y divisas. La deuda externa en tanto experimentó una deducción en el mismo periodo de 3.390 millones de pesos a 2.650 millones.
Los fríos números de la economía toman color popular si recordamos que estas medidas tuvieron su correlato en el plano interno con la adopción de una política crediticia desvinculada de la especulación financiera y volcada a la producción y el trabajo, mediante un fuerte impulso al cooperativismo y rigurosos controles a la banca internacional para limitar el giro de utilidades al exterior y a las entidades financieras nacionales respecto del otorgamiento de préstamos por encima de la capacidad de respuesta económica.
La creación del Consejo Nacional de Desarrollo acompaño esta política económica, impulsando la industrialización, la sustitución de importaciones, la promoción de las exportaciones y el despliegue un vasto plan federal de obras públicas que armonizaran el crecimiento y apuntalara el progreso de las economías regionales. A esto se sumó el control del desempeño de las empresas públicas con la creación de la Sindicatura General de Empresas del Estado, poniéndolas al servicio del proyecto nacional.
En paralelo se estableció el Consejo Económico y Social como instancia democrática de planificación de la economía nacional, respetando las competencias originarias del Congreso de la Nación en materias establecidas por la Constitución Nacional, descartando cualquier tentación por solicitar facultades extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
Pero todo crecimiento económico — sabia Illia — deviene injusto sin ello no es acompañado de un equitativo progreso social. Formado en los valores de la Reforma Universitaria de 1918, asumía como consigna que la educación es el motor de la movilidad social ascendente, razón por la cual elevo la asignación de las partidas dirigidas a educación, cultura, ciencias e investigación de un 12% en 1963 al 25% en 1965, duplicando así su participación en el presupuesto nacional.
Su salida del Gobierno fue la resultante de la confluencia de factores convergentes, muchos de los cuales son relevados por los investigadores Cesar Tcach y Celso Rodriguez con interesantes aportes surgidos de la desclasificación de documentos de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país. Los intereses corporativos que habían visto peligrar sus privilegios por las acciones emprendidas por un Presidente sin macula, tuvieron en el sector integrista de las Fuerzas Armadas, de orientación falangista y formados en la doctrina de Seguridad Nacional, su brazo armando para perpetrar el golpe de Estado.
Illia cuyas únicas armas de defensa eran su integridad moral y su honestidad, intento resistir el putsch encabezado por Perlinger, Pistarini y Alsogaray al mando de un grupo de oficiales del Ejército. Si bien no pudo detener aquel avance, no se privó de calificarlos frontalmente de “salteadores nocturnos”. Rodeado por un puñado de colaboradores y algunos militantes de la Unión Cívica Radical, bajo las escaleras de la Casa de Gobierno y salió con la misma honestidad que había ingresado. Como no poseía automóvil propio ni inmueble en la Capital Federal, tomo un taxi y le pidió lo trasladara la casa de su hermano.
Arturo Illia había dejado de ser Presidente de la Republica para volver a ser el militante orgánico que fue toda su vida.
La Dictadura de Onganía, lo encontró caminando junto a los estudiantes conmemorando el 50° aniversario de la Reforma Universitaria, como recordara alguna vez Guillermo Estévez Boero, quien se refrería a Arturo Umberto Illia con razón como el “Presidente de la Dignidad”.
Fuente: UCR Córdoba Comite Central
OTR Nacional
Fotos: OTR Salta.
Reunion de Mesa Ejecutiva OTR Nacional
